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jueves, 8 de abril de 2021

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Cuando Adriana Wong ingresó a un campo de tierra roja y árboles cortados con docenas de cruces plantadas en la Amazonía de Perú, estaba confundida. No tenía la seguridad sobre la ubicación de la tumba de su padre.

“¿Estás segura de que mi papá está ahí?”, preguntó la niña de nueve años a su madre.

Glendy Hernández aún no tiene una respuesta.

Hace casi un año, su esposo Herman Wong y centenares de fallecidos por COVID-19 fueron enterrados en secreto en un descampado de Iquitos, capital de la región Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las autoridades aprobaron las inhumaciones, pero nunca avisaron a los familiares, quienes creían que los muertos estaban en un cementerio local.

Es el primer caso conocido en Latinoamérica donde las autoridades ocultan el destino de decenas de víctimas del virus y nadie ha explicado por qué se realizaron de forma clandestina. El gobierno regional no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Las familias dijeron a la AP que al menos 403 fueron enterrados en aquel lugar.

Loreto fue una de las regiones más azotadas por el COVID-19 en 2020. Al momento han muerto más de 52.000 en Perú, de ellos 3.200 en Iquitos, que cuenta con 550.000 habitantes.

La brutalidad de la peste en esta ciudad remota se concentró en los pasillos abarrotados de sus dos únicos hospitales donde los pacientes morían sin recibir ayuda porque los escasos médicos y enfermeras no tenían medicinas, ni oxígeno, ni capacidad disponible para ayudar a los enfermos.

Adriana odia la lluvia porque le recuerda la madrugada del 30 de abril cuando vio por última vez a su padre. Tras innumerables llamadas de auxilio sin respuesta, Glendy llevó al técnico de máquinas fotográficas al hospital donde murió en sus brazos a las 11 de la mañana. Se desmayó, pero cuando se despertó un médico le dijo que fuera al día siguiente para llevarse el cuerpo de su esposo.

Esperó por horas en vano con un ataúd hasta que un trabajador sanitario le dijo que Herman Wong ya había sido enterrado en el cementerio San Juan, ubicado a 18 kilómetros, inaccesible en esa época porque Perú estaba bajo un encierro de 106 días para evitar la expansión del virus.

Cientos de deudos escucharon lo mismo: que sus muertos estaban en el cementerio de San Juan, fundado en 2017 y que cuenta con capilla, estacionamiento, muros y vigilancia.

En marzo, el gobierno nacional ordenó cremar a todos los fallecidos por el virus, en una de las más estrictas normas de su tipo en Latinoamérica. Pero ante el colapso de varios hornos crematorios, la norma se modificó en abril permitiendo los entierros y que al menos cinco familiares pudieran asistir.

Pero el 1 de junio la portada del diario La Región removió Iquitos: “Muertos sin nombre y sin tumba propia”, se leía en el titular. La historia citaba a un anónimo residente que dijo que al menos 330 cadáveres de fallecidos por COVID-19 habían sido enterrados presuntamente en una fosa común cerca del cementerio de San Juan.

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